De la investigación realizada por la Fiscalía se desprenden elementos que permiten presentar denuncia ante la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito agravado de estafa y falsedad en documento oficial cometido por particular en las certificaciones de obra y facturas emitidas por el representante de la UTE adjudicataria.
Los hechos han sido remitidos al Juzgado de Instrucción de Los Llanos de Aridane para la apertura de diligencias previas.
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acordado interponer una denuncia formal ante el Tribunal de Instancia de Los Llanos de Aridane tras concluir las Diligencias de Investigación abiertas por presuntas irregularidades en el contrato de obra del Ayuntamiento de Villa y Puerto de Tazacorte denominado “Modificación mejoras o creación de vías públicas municipales: urbanización para nuevo vial urbano de Plaza Castilla al Pozo”.
La investigación penal se dirige, inicialmente, contra elrepresentante y gerente único de la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria, integrada por las mercantiles Firmes Insulares S.L. y AMC Construcciones y Contratas 2014 S.L. La Fiscalía considera que los hechos bajo análisis reúnen caracteres que podrían ser constitutivos de un delito agravado de estafa y un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.
Certificaciones no ajustadas a la realidad
El procedimiento se originó a raíz de un escrito presentado por el grupo municipal de Nueva Canarias en el consistorio local. Tras recabar y examinar el expediente administrativo completo, la Fiscalía constató la existencia de una «evidente diferencia» entre las obras certificadas por la empresa y el estado real de la ejecución.
La UTE presentó hasta nueve certificaciones de obra que contaron con el visto bueno municipal, habiéndose abonado ocho de ellas, la última, la certificación núm. 8. de fecha 19 de septiembre de 2023, hace más de 3 años, por unimporte de 70.837,10€.
A raíz del inicio de la investigación por parte de la Fiscalía, el Ayuntamiento ha iniciado un expediente de revisión de oficio, constando un informe técnico emitido el día 2 de septiembre de 2026 en el que se determina que, si bien la empresa reclamaba el pago de la certificación número 9 por un importe positivo de 66.784,06 euros, la auditoría técnica determinó que el saldo real era de menos 78.053,12 euros (-78.053,12 €) debido a partidas facturadas y cobradas pero nunca ejecutadas, tal como habíamos advertido desde Nueva Canarias. A esta cantidad, pese a que nada se dice en el informe, habría que añadir el importe de las mejoras no ejecutadas.
La Fiscalía añade que a fecha actual no se ha producido la entrega ni recepción de la obra objeto de contrato,constando que la misma no se ha ejecutado en numerosos apartados a pesar de haberse certificado como ejecutadas, constando el abandono y paralización de las mismas. Entre los conceptos abonados o reclamados de forma indebida se incluyen partidas esenciales de asfaltado de la calle (por valor de más de 26.000 euros), soleras en aceras y hormigonado del cimiento vial. Asimismo, la fiscalía destaca el abandono y la paralización de unos trabajos que carecen, a fecha de hoy, de acta de recepción o entrega.
El derribo de un muro «inexistente»
Como denunciamos en su día desde NC, uno de los elementos más significativos recogidos en el decreto fiscal alude al muro de la Plaza de Castilla. La demolición completa de esta estructura fue expresamente incluida y cobrada en la certificación número 8 de septiembre de 2023, y validada de nuevo en la certificación número 9. Sin embargo, el documento judicial constata que dicho muro nunca fue demolido por la adjudicataria, dado que terminó derrumbándose por efecto de fuertes rachas de viento en febrero de 2026, un incidente que generó un notable eco en los medios de comunicación.
La Fiscalía da por concluidas su investigación y traslada las actuaciones al juzgado de Los Llanos de Aridane para que proceda al reparto e incoación de las correspondientes Diligencias Previas.
