Los populares advierten de que el Consistorio está inmerso en varios procedimientos judiciales y reclaman claridad sobre su impacto económico y social para el municipio.
El Partido Popular de El Paso, a través de su portavoz Nayra Castro, denuncia la falta de transparencia del grupo de gobierno en relación con las demandas judiciales que afectan al Ayuntamiento.
En el pleno celebrado el pasado mes de enero, el grupo Popular solicitó información clara sobre cuántas demandas tiene el Ayuntamiento, por qué se han presentado y qué consecuencias pueden tener. En ese momento, el grupo de gobierno se comprometió a facilitar estos datos por escrito.
Sin embargo, no fue hasta la última sesión plenaria, celebrada en el mes de marzo, cuando el alcalde aportó parte de esta información en respuesta a las preguntas formuladas por Nayra Castro.
Según lo trasladado en dicho pleno, el Ayuntamiento de El Paso se encuentra inmerso en al menos cuatro causas laborales —sin que se haya especificado su contenido— y siete contenciosos administrativos relacionados con asuntos de distinta índole, entre ellos el Terrero de Lucha de Las Manchas, conflictos de linderos, dos procedimientos con la empresa Áridos El Riachuelo, una demanda presentada por la Plataforma La Graja y otros afectados contra el Ayuntamiento, y otra dirigida a varias administraciones en relación con responsabilidades por la erupción volcánica.
Desde el Partido Popular critican que esta información no se haya facilitado de forma transparente desde un primer momento ni por escrito, tal y como se había solicitado, dificultando así la labor de control que corresponde a la oposición.
La portavoz del Partido Popular en El Paso, NayraCastro, considera “inaceptable que una información de esta relevancia no se haya trasladado con claridad desde el principio, teniendo en cuenta las posibles consecuencias económicas que estos procedimientos pueden tener para el municipio”.
En este sentido, desde el PP exigen al grupo de gobierno que facilite toda la información detallada de estos procedimientos, incluyendo su estado, posibles costes y previsión de resolución, cumpliendo así con los principios de transparencia y responsabilidad institucional.
