La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura presenta siete aportaciones al futuro real decreto estatal para garantizar la coordinación institucional, la independencia de los comités y la simplificación administrativa
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), ha presentado siete aportaciones a la consulta pública previa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre la futura regulación de los comités de ética de la investigación y la creación de un registro nacional de órganos garantes de la investigación responsable.
Las propuestas parten de la nueva Ley Canaria de la Ciencia, aprobada en julio de 2026, que contempla la creación del Comité Canario de Ética de la Investigación como órgano independiente y consultivo. Su finalidad es contribuir a una regulación estatal que establezca garantías comunes para la actividad científica y, al mismo tiempo, respete las competencias y particularidades organizativas de las comunidades autónomas.
Canarias comparte los objetivos de mejorar la calidad, la transparencia y la independencia de la evaluación ética de la investigación. En este marco, considera necesario diferenciar las funciones de los comités que evalúan proyectos científicos concretos de las de aquellos órganos dedicados al asesoramiento, la integridad científica y la promoción de buenas prácticas, como el previsto en la legislación canaria.
Las aportaciones también plantean una mayor participación de las comunidades autónomas en los mecanismos de coordinación y acreditación de estos órganos, así como una colaboración estable con el Comité Español de Ética de la Investigación.
Menos trámites y nuevas garantías para la investigación
Otro de los aspectos destacados es la propuesta de simplificar los procedimientos de evaluación ética, adaptándolos a la naturaleza y los riesgos de cada investigación. La ACIISI plantea facilitar el reconocimiento de evaluaciones ya realizadas por comités acreditados, especialmente cuando varias instituciones participan en un mismo proyecto, para evitar duplicidades innecesarias.
En relación con el futuro Registro Nacional de órganos garantes de la investigación responsable, Canarias valora positivamente su creación y propone que pueda intercambiar información con los registros y sistemas autonómicos, reduciendo las cargas administrativas para las entidades investigadoras.
Las aportaciones incorporan, además, la necesidad de abordar los riesgos éticos asociados a la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Entre las garantías que se consideran necesarias figuran la supervisión humana, la transparencia, la protección de los datos personales y el respeto a los derechos fundamentales, en coherencia con la normativa europea y la Ley Canaria de la Ciencia.
Por último, la Consejería propone que la futura regulación contemple un periodo de adaptación suficiente para los órganos autonómicos existentes o en proceso de constitución, acompañado de mecanismos de cooperación entre administraciones.
Con estas aportaciones, Canarias participa en la elaboración del futuro marco estatal desde una perspectiva de colaboración institucional, con el propósito de favorecer una investigación responsable, garantizar los derechos de las personas y facilitar el trabajo de la comunidad científica.
