Juan González representa a la Plataforma de Afectados por la Erupción Volcánica de Cumbre Vieja 2021, impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular para crear una ley de volcanes en Canarias que se registró el pasado 30 de marzo en el Parlamento autonómico. Ahora, se abre un plazo de tres meses para reunir 15.000 firmas que apoyen esta iniciativa para que se pueda iniciar su tramitación parlamentaria tras las elecciones del 28 de mayo.
“Nuestro borrador de ley está muy pensado, muy bien hecho y contempla todas las casuísticas. Si el Parlamento que salga de las elecciones tiene voluntad política, en diciembre podríamos tener una ley de volcanes que proteja los derechos de todos los afectados”, explica. “Ojalá tengamos unos representantes que podamos decir que, de verdad, se preocupan por nosotros”, dice al tiempo que asegura que está convencido de que encontrarán esa buena voluntad política para que la ley salga adelante.
Pero no todo es optimismo y esperanza en el balance que hace Juan González del año y siete meses que ha pasado desde la lava sepultara su casa y reconoce a Palmerus que ha sido objeto de“acoso y persecución” por “el sectarismo” de quienes, desde las administraciones, hacen distinciones “entre los que son de su cuerda y los que no”, y que prefieren, sin disimulo, que los afectados no se posicionen políticamente, sobre todo si es una postura crítica con la gestión del postvolcán, como si al perder sus viviendas, sus fincas o sus negocios hubiesen perdido también su condición de ciudadanos con ideología propia.
“Tener ideología es sano, es democrático y no puede convertirse en un arma que unos arrojan contra otros”, asegura mientras acumula “pruebas de sobra” de ese acoso al que se le ha sometido por su vinculación, desde hace décadas, con Coalición Canaria. “Me obligaron a ir 16 veces al Registro Único”, nos cuenta como ejemplo, “y estoy cansado de hacer reclamaciones y no me han contestado ni una”.
Si hay una idea que se ha tratado de explotar desde ciertos sectores en un intento de restar fuerza y legitimidad a las reivindicaciones de afectados es la de que no hay unidad entre ellos. Preguntado por Palmerus en este sentido, González lamenta con tristeza “que se haya querido pintar una desunión que no es real, pero es un mensaje que ha calado”. Y recalca que las asociaciones de vecinos de Las Manchas, de El Remo, de Puerto Naos, de La Bombilla, de Todoque, de La Laguna, de Triana o los afectados por la carretera de la costa “tienen mucho que decir y nadie puede pretender callarles la boca y que no defiendan los suyo”.
Precisamente, respecto a la carretera de la costa, González no duda en calificar de “disparate” la gestión del Gobierno de Canarias y del consejerode Obras Públicas, Chano Franquis. “He consultado con expertos en derecho administrativo y me han dicho que nunca han visto una gestión tan mala en una obra de emergencia”, asegura. “Las obras de emergencia se inician y se terminan y no se ha visto nunca que se paralicen sin terminar. Ahora resulta que el trozo que falta ya no es una emergencia. ¡Pero si le han puesto al Gobierno de Canarias hasta seisalternativas sobre la mesa y no ha cogido ninguna! Y ahora ellos son los buenos, porque nosotros, los malos, no nos hemos puesto de acuerdo. Es una absoluta falta de respeto, otra más, a los afectados”.
Otro de los temas que preocupa a Juan González es la opacidad en torno a fondos para la recuperación que ya deberían estar en La Palma y que nadie sabe a dónde han ido. “En los Presupuestos Generales del Estado de este año había una partida de 100 millones para La Palma, ¿dónde están?, ¿los tiene el Gobierno de Canarias?, ¿qué van a hacer con ese dinero?”, plantea. “Y mientras ellos están calladitos, nosotros seguimos esperando. Aquí, lo que hay que pedir es un poco más de respeto y que se dediquen a lo que se tienen que dedicar: a atender a la gente”.
