El pasado mes de marzo, la Plataforma de afectados por la erupción volcánica registraba en el Parlamento de Canarias la iniciativa legislativa popular para sacar adelante la ley canaria de volcanes que proteja no solo a los afectados de la reciente erupción de La Palma, sino a los de futuras erupciones en Canarias.
Hablamos con Juan González, presidente de la plataforma, en la semana en la se ha puesto en marcha la recogida de las 15.000 firmas que hacen falta para que el proyecto de ley sea debatido en el Parlamento, una cifra que, en vista de lo que ha ocurrido en estos primeros días, con 2.000 firmas recabadas tan solo en las primeras 48 horas, alcanzarán fácilmente. “Estamos convencidos de que vamos a recoger muchas más”, vaticina.
El texto pasó por algunas correcciones del Consejo Consultivo y en mayo ya estaba listopara abrir la necesaria recogida de firmas, pero no quisieron mezclar la ley con la campaña electoral. Esa decisión -nos explica Juan González- ha resultado determinante para obtener el apoyo de todos los partidos e instituciones. “Ahora todos quieren la ley, porque es de todos y no es de nadie”.
En los últimos 8 años, el Parlamento de Canarias solo ha tramitado dos iniciativas legislativas populares, algo que González achaca a la baja movilización de los canarios. “Pero, en este caso, creo que hemos sabido, por la desgracia del volcán, movilizar a toda Canarias”.
El proyecto de ley recoge, entre otras,reivindicaciones como la recuperación del valor de lo perdido, el derecho preferente a la reconstrucción de vivienda, trabajar conjuntamente en la reconstrucción, viviendasdignas provisionales, medios suficientes para cambiar los efectos de una erupción volcánica oeliminar burocracia para facilitar la toma de decisiones ágiles. “Todas son medidas necesarias y hay muchas más en la ley”, asegura. “Lo primordial es blindar nuestros derechos sociales y económicos para siempre”.
La particularidad de las erupciones volcánicas frente a otro tipo de catástrofes es que el terreno se pierde y esa obviedad no se contempla en ninguna norma. Esta ley viene a poner solución a esa particularidad y, lo que es más importante, cuando esté aprobada contempla su entrada en vigor con efecto retroactivo al 18 de septiembre de 2021 para que se tenga en cuenta el desastre de La Palma.
Se queda fuera, sin embargo, el problema de las expropiaciones. “Fue una de las cribas que nos hizo el Consejo Consultivo porque eso no está dentro del marco competencial canario”, explicaJuan González, que añade que se quedaron fuera también por esta criba algunas medidas fiscales y el consorcio. “No renunciamos a ellas y estamos intentando buscarle el encaje dentro de la ley para que, simplemente, el Estado nos mande el ‘dinerito’ que hace falta. Porque estamos intentando que la totalidad de los bienes perdidos se den por completo, como se hace en todas las partes del mundo cuando hay una catástrofe”.Confía, en este sentido, en que se terminemodificando la ley estatal de expropiaciones para que encaje con la ley canaria de volcanes.
En esta iniciativa de la Plataforma de afectados por la erupción volcánica no queda nada al azar y se tiene en cuenta, incluso, el simbolismo de las fechas. “Nos gustaría que el 19 de septiembre de este año, cuando se cumplan los dos años de la erupción, el Parlamento admita a trámite la ley para empezarla a discutir, y que el 13 de diciembre, cuando se cumplan dos años del fin del volcán, se apruebe la ley”. A pesar de lo ajustadode estos plazos que se han marcado, Juan González cree que es posible cumplirlos “porque el texto está ya muy pulido y ha pasado por las manos de muchos juristas”.
En las próximas semanas continuarán su periplo por La Palma y a partir de la primera quincena se julio empezarán a recoger firmas en Tenerife para seguir luego por todas las islas. “No estamos pidiendo ni buscando otra cosa sino lo que nos pertenece y lo estamos haciendo por todo el pueblo de Canarias. Esto tiene mucha enjundia, mucho recorrido y mucha profundidad”.
