Elena Jurado es la vicepresidenta de la Plataforma Jaraco que aúna en sus reivindicaciones comunes a gran parte de los afectados de Puerto Naos y La Bombilla. Esta semana, la plataforma ha sido noticia por solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la suspensión cautelar del decreto que prohíbe a los vecinos de estos dos núcleos costeros regresar a sus viviendas.
“No hay ningún informe ni científico, ni técnico,ni de salud que avale el cierre de estas dos zonas ni hay nada que avale tampoco la decisión arbitraria de mover las vallas e ir cambiando los límites”, argumenta. “Hay 1300 familias que no pueden volver a sus casas en base a una decisión que no tiene ningún fundamento de peso y que no está respaldada por ningún juez ni órgano competente”.
Que quede claro que Elena Jurado y sus compañeros de Jaraco reconocen, sin dudas ni titubeos, que sí hay gases en La Bombilla y Puerto Naos, “pero se pueden situar en el mapa y tenemos un informe de 64 páginas que los localiza”, explica. “Lo que sabemos, por tanto, es que los gases emanan por unos puntos muy concretos que se pueden abordar perfectamente si hubiera la voluntad, que ahora mismo no existe, de recuperar estos núcleos costeros”.
“Cuando ellos siguen insistiendo en que hay gases en Puerto Naos y La Bombilla no están siendo ni rigurosos, ni serios, ni tienen ganas de abordar el problema, no sé por qué”, añade. ¿Y quiénes son ellos? Elena Jurado centra las responsabilidades en el presidente del Cabildo, Mariano Zapata, y el técnico de emergencias del CECOPIN, Rafael García.
Respecto a Zapata, Jurado espera “que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo si decide votarle a este señor o a quien lo ayude a quedarse donde está”.
Y es que, para ella, el principal problema que tienen que enfrentar los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla es “la personalidad de la gente que dirige esta emergencia, esa personalidad de ‘no me bajo del burro’, ‘esta la quiero ganar’, ‘ahora se va a hacer como yo digo’… y mientras esa gente siga ahí no podremos volver a Puerto Naos y La Bombilla en cuatro años”, asegura. “O cambia completamente el panorama político de La Palma o no vamos a entrar. Y si cambia, yo espero que tengamos otro escenario con voluntades diferentes, pero tampoco pongo la mano en el fuego por nada ni por nadie”.
Elena Jurado no entiende, como no entiende nadie, que el requisito para que siete familias puedan volver a sus viviendas en Los Lajones, en Puerto Naos, es que estén empadronados, como si los gases afectaran más a los no empadronados. “Es una tomadura de pelo más”, nos dice. “Nos dan esas pautas y a los que están empadronados los dejan quedarse y a los que no están empadronados no, y se supone que nos debemos comportar como ellos quieren y quedarnos tranquilos y contentos con la forma en la que están llevando esta situación el Cabildo y el CECOPIN”.
“Espero que esta decisión de pedir el empadronamiento sea revocada y que pidan disculpas por esa arbitrariedad en las decisiones que toman”, añade.
El pasado fin de semana, ella y sus vecinos celebraron un encuentro en La Bombilla donde se juntaron también afectados de Puerto Naos y nos adelanta que seguirán organizando acciones cada fin de semana, aunque en este primer encuentro estuvieron vigilados por 8 agentes de la Guardia Civil. “Se portaron muy bien con nosotros”, explica. “Por lo visto, es el delegado del Gobierno, el señor Anselmo Pestana, tan amigo del pueblo, quien los manda para que nos asusten y nos metan miedo”.
Y reconoce, efectivamente, que ese discurso del miedo ha calado entre mucha gente, igual que ha calado la amenaza de multas elevadas. “A veces los seguritas nos amenazan con multas que van desde los 600 hasta los 100.000 euros”.
Ella, como otros muchos vecinos, se ha saltado el decreto para dormir en su casa de La Bombilla“porque no hay ninguna orden judicial que me lo impida”, nos cuenta desafiante. “Creo que tenemos que llegar ya al punto de la desobediencia civil, entre otras cosas porque los afectados sabemos más del tema de los gases que el CECOPIN, que el PEINPAL, que Nemesio Pérez y que el presidente del Cabildo”. “Y sabemos más porque hemos estado en la zona y ellos no. Y eso me lo confirma gente que está aquí trabajando, que me dice que estos no aparecen por aquí ni aunque se le trastoque el GPS del jeep de lujo en el que pasearon el otro día a Rajoy”.
A estas alturas, le cuesta creer que las autoridades sigan hablando de gases incompatibles con la viday advierte que a la gente a la que han dejado volver a Los Lajones la obligarán a salir de allí cada vez que el CO2 supere los 700ppm cuando, por ejemplo, en cualquier reunión normal en un espacio cerrado se superan sin problema los 1000ppm. “Cualquiera que sepa algo de esto ve la ridiculez de la cifra que han puesto como límite”, nos dice.
Con cierto cansancio, después de 19 meses, Elena Jurado reconoce que ella y sus compañeros en esta batalla se sienten muy abandonados y engañados desde el minuto uno. “Nos han prometido de todo y no hemos visto ni una sola cosa de las prometidas”.
¿Estarían los ánimos más tranquilos si se hubiesen dado explicaciones razonables a los vecinos de Puerto Naos y La bombilla? “Yo creo que sí, porque el defecto de fábrica que tenemos los palmeros es que somos honestos, buena gente ycapaces de aguantar lo que no está escrito. Si nos hubieran tratado con un poco más de cariño estaríamos esperando más tranquilos por una solución, pero ni siquiera se comunican con nosotros, ni contestan a nuestros correos ni cogen nuestras llamadas. Si no tuviésemos la bondad como defecto de fábrica, nuestra reacción ya habría salido hasta en la tele nacional”.
