Las elecciones del pasado veintitrés de julio trajeron consigo unos resultados que han cambiado el rumbo del país de manera brusca, inesperada y autoritaria.
Si hacemos un análisis de los resultados electorales vemos que al menos un 77,14% de los españoles votaron un proyecto de estado totalmente contrario al que nos está imponiendo el partido socialista una vez pasada la celebración electoral.
Usted se preguntará estimado lector ¿De dónde saca estos datos querido Compay? Déjeme darle una explicación.
Estos datos vienen dados de la suma de los votos del partido más votado (que no olvidemos que fue el partido popular) con un total de 8.091.840 de votos, que suponían el 33,05% del escrutinio, de los votos del partido Vox con un total de 3.033.744 que suponían un 12,39% del recuento y de los votos recibidos por el PSOE que ascendieron a 7.760.970 y un 31,7% de la bolsa final de votantes.
Ahora se preguntará ¿Es justo incluir los votos del PSOE dentro de este grupo? Yo le responderé que sí y aquí va la justificación.
El votante del partido socialista votó un proyecto que se oponía frontalmente a las medidas pactadas por el presidente en funciones y su gabinete para proseguir en el poder, no se lo digo yo estimado lector, lo puede usted comprobar en la hemeroteca, pues no fueron pocas las veces que no solo negaron tajantemente la posibilidad de pactar una amnistía, sino que además trataron de censurar de la forma más totalitaria posible a todos aquellos que avisaban de sus posibles intenciones y como agravante fueron los principales defensores de la absoluta inconstitucionalidad de una posible regulación en este sentido. Por tanto, sí, es justo incluir a los votantes del partido socialista en este cómputo y les digo más, tienen razones de sobra para sentirse engañados, traicionados, abandonados y forzados por sus líderes a pasar por este pasillo de la vergüenza que supone los días previos a la subasta presidencial… digo a la investidura presidencial.
Ahora bien, usted puede pensar: “No es tan grave amnistiar a unos cuantos políticos catalanes” Y yo le responderé que sí, estimado lector y le explico el porqué:
Antes de la redacción de la ley de amnistía se nos pedía una suerte de prudencia y silencio a todos aquellos que disentíamos de esta deriva autocrática: “Aún no conocemos el texto de la ley, esperemos a que salga”. Pues ya está aquí y es peor de lo que nos podíamos imaginar.
No solo se amnistía a todos aquellos que hayan cometido un delito directamente ligado con la declaración unilateral de independencia de una parte del territorio nacional, también se amnistía a todas aquellas personas que haya cometido un delito relacionado con este “proces”, incluidos delitos relacionados con la corrupción como puede ser la malversación de fondos públicos, se restituye a todos aquellos funcionarios públicos en sus puestos que hayan sido separados por haber participado en él, se borra de sus expedientes cualquier nota negativa relacionada con este tortuoso pasado, se eliminan las órdenes de busca y captura inclusive las internacionales a todas las personas que puedan ser responsables de un hecho delictivo relacionado con el mismo y lo más grave, se amnistían delitos futuros, todos aquellos delitos cuya ejecución se haya iniciado pero no hayan sido consumados antes de la fecha de aprobación de la norma que estén relacionados con el proceso independentista catalán quedarán sin efecto, es decir que no podrán ser juzgados aunque cometan el delito después de la aprobación de la norma, deslegitimando totalmente al maltrecho poder judicial español para ejercer sus funciones
Pero esto no es todo, aún nos queda la guinda del pastel, el llamado Lawfare, déjeme estimado lector hacer un inciso aquí y darle una sucinta explicación.
Sin entrar en antecedentes históricos ni en derecho comparado, el lawfare supondrá la creación de comisiones parlamentarias que determinen si una causa ha sido juzgada por motivos políticos, pudiendo dejar sin efectos estas resoluciones judiciales y paralelamente iniciando una caza de brujas contra cualquier juez o magistrado que comience una causa judicial en contra de un representante, es decir que serán los propios políticos los que decidan las penas que se le aplicarán a ellos mismos y además podrán tomar represalias contra aquellos que amenacen su status. Sí, estimado lector, los políticos serán los legitimados en última instancia para juzgarse a ellos mismos, ¿Separación de poderes? No se preocupe, todo sea por un gobierno progresista.
A estas alturas estimado lector puede usted sentirse contrariado con el título de este artículo, inclusive hasta cierto punto engañado, pues se ha desgranado la estrategia de comunicación de los pasados comicios, sus resultados, sus efectos posteriores, el contenido de la ley de amnistía, pero no ha recibido usted una explicación que le aclare el porqué Pedro Sánchez es el Gardel español, ¿Será por su inconfundible aspecto de galán de principios del siglo XX? ¿Será por su voz tan profunda y melodiosa que sería capaz de inspirar al propio Sinatra? ¿O será por su innegable éxito entre el género femenino?. Pues no estimado lector no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una de las más icónicas y famosas líricas del cantante argentino que si mal no recuerdo rezaba así:
<Por una presidencia, todas las locuras>
Compay III