Se ha detectado en fruterías de Canarias la presencia de productos vegetales introducidos de forma ilegal, en vulneración de la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987, que establece las normas fitosanitarias aplicables en el archipiélago para la importación, exportación y tránsito de vegetales, una normativa que actúa como barrera fundamental para evitar la entrada de nuevas plagas y enfermedades que puedan afectar a la producción local.
Los productos detectados, mencionados anteriormente, no habrían pasado o burlado los controles obligatorios en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de puertos y aeropuertos. Estos hechos evidencian posibles fallos en los sistemas de control y suponen una grave preocupación para el sector agrícola. A ello se suma la existencia en países de origen, especialmente en América y África, de plagas y enfermedades graves que están diezmando el cultivo del plátano, lo que incrementa significativamente el riesgo de introducción en Canarias.
La introducción irregular de estos productos implica, además, la pérdida de trazabilidad, lo que dificulta cualquier actuación en caso de alerta alimentaria. Esta situación resulta especialmente sensible en Canarias, donde el sector turístico es clave y la seguridad alimentaria constituye un elemento esencial para la confianza de consumidores.
Sin embargo, se trata de una práctica que, se estaría repitiendo por parte de algunos importadores, sin que ninguna de las administraciones esté actuando con la contundencia necesaria ante una situación reiterada. En este sentido, la responsabilidad de los controles en puertos y aeropuertos corresponde al Gobierno de España, mientras que la vigilancia en mercados y puntos de venta recae en el Gobierno de Canarias, sin que hasta la fecha se estén adoptando medidas eficaces para frenar estas prácticas.
Desde PALCA–UNION DE UNIONES se advierte de que esta situación favorece la introducción de plagas que pueden tener graves consecuencias, porque estas se establecen con rapidez, sus depredadores naturales tardan en aparecer y se han reducido o eliminado herramientas fitosanitarias para su control.
Asimismo, se cuestiona la falta de resultados visibles en los expedientes sancionadores iniciados y la posible reincidencia de los infractores, lo que debería conllevar la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 43/2002, de sanidad vegetal, que contempla sanciones graves y muy graves.
Ante estos hechos, PALCA-UNION DE UNIONES solicita:
* El refuerzo inmediato de los controles en puertos y aeropuertos.
* Una mayor vigilancia en mercados y puntos de venta.
* La aplicación efectiva de sanciones a los responsables.
* Transparencia sobre las actuaciones administrativas en curso.
PALCA-UNION DE UNIONES insiste en que, tras casi cuatro décadas de vigencia de la normativa, no se puede permitir que se debilite una herramienta clave para la protección de la agricultura canaria y la seguridad alimentaria del archipiélago.
La defensa de la sanidad vegetal en Canarias es una prioridad estratégica que requiere actuaciones firmes e inmediatas.
