El candidato al Senado por Unidad del Pueblo Canario (UPC) defiende la energía como un derecho y un bien común, exigiendo al Estado desbloquear los 230 millones de euros pendientes para la modernización y mejora de las infraestructuras eléctricas, con especial atención a los retos de la isla de La Palma.
La propuesta de UPC prioriza la creación de un Consorcio Público Insular, el almacenamiento con baterías públicas y el rechazo frontal a la especulación de las empresas energéticas.
El candidato al Senado por la Unidad del Pueblo Canario (UPC) en La Palma, Miguel Ángel Pulido, ha presentado un Programa de Soberanía Energética para La Palma. Con esta propuesta, la coalición progresista plantea una transformación del modelo energético insular, situando a la ciudadanía organizada en el centro de la gestión de los recursos.
Dede UPC denunciamos la precariedad que sufre la población palmera debido a un sistema eléctrico arcaico, evidenciado en los recientes e inaceptables ceros energéticos que han apagado la isla. “No podemos seguir sometidos a la vulnerabilidad estructural de un modelo controlado por monopolios eléctricos que solo buscan el lucro corporativo subordinado a los intereses de las grandes compañías energéticas”, reafirmando que “la energía no es una mercancía, sino un derecho y un bien común esencial”.
Blindaje de inversiones
Como eje central de su futura acción en el Senado, Miguel Ángel Pulido se ha comprometido a exigir al Gobierno Central el cumplimiento y desbloque de las partidas presupuestarias de 230 millones de euros destinadas al sistema eléctrico. El objetivo es fiscalizar que los fondos estatales que corresponden a La Palma se ejecuten con la máxima celeridad para la modernización de la red.
Asimismo, el plan de UPC defiende el despliegue de sistemas de almacenamiento a través de baterías públicas, gestionadas directamente a través de un consorcio público insular, para “evitar a toda costa que los excedentes de energía renovable sean retenidos o monetizados por las grandes corporaciones de siempre”, aseveró Pulido.
Democratización y protección del territorio agrario
La propuesta de la UPC aboga por una democratización real de la energía apoyando con fondos europeos FEDER a iniciativas locales logrando que el autoconsumo compartido y las cooperativas lleguen a una gran parte de las familias palmeras. De igual modo, se impulsará por ley una Tarifa Social para que un porcentaje de la producción solar de las plantas públicas cubra de forma gratuita las necesidades básicas de los hogares en situación de vulnerabilidad.
En lo relativo al territorio, el candidato al Senado por UPC fue tajante: el despliegue de paneles solares debe concentrarse de forma prioritaria en suelos antropizados (como cubiertas residenciales, polígonos industriales y zonas urbanas degradadas), rechazando la especulación de grandes parques privados que amenazan el suelo agrario y los espacios naturales de La Palma.
UPC defiende que tanto la geotermia de alta entalpía como las energías del mar deben ser objeto de investigación y explotación con empresas mayoritariamente públicas para evitar la “colonización energética” de nuestro subsuelo y litoral.
Un Consorcio Púbico Insular
Finalmente, el plan propone un nuevo modelo de gobernanza mediante la creación del Consorcio Insular de la Energía, una entidad pública conformada por el Cabildo, los 14 municipios de la isla y la sociedad civil organizada para generar y comercializar energía a precio de coste para los servicios públicos y el sector primario local.
“La Palma tiene los recursos naturales y la madurez social para avanzar hacia la soberanía. Desde el Senado, lucharemos para que el dinero público vaya a manos de la gente de a pie y no a engordar las cuentas de resultados de las energéticas”, concluyó Miguel Ángel Pulido.
